Poder Legislativo propone atrasar el cobro a empresarios turísticos debidamente inscritos.

La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó tres proyectos de ley, entre los cuales uno de ellos beneficiaría al sector turístico del país.

Se trata del Proyecto de Ley 21934, el cual propone atrasar hasta el año 2021 la entrada en vigencia del pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para el sector turístico. Por su parte el expediente 21781 consiste en extender de 1 a 5 años el plazo para presentar las declaraciones juradas en los registros de accionistas y el expediente 21813 otorgaría a la Imprenta Nacional la facultad de fijar los costos por las publicaciones que realice.

Con respecto al 21934 lo que se propone es extender a dos años el período de gracia establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en cuanto a la entrada en vigencia del cobro del Impuesto del Valor Agregado para el sector turismo.

La ley establece que a partir del 2020 los empresarios turísticos debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) pagarán el 4%, para el 2021  el 8% y a partir del 2022 el 13%, sin embargo, la propuestas es aplazar por un año esos plazos.

El diputado Roberto Thompson afirmó que la iniciativa no tendrá impacto directo en las finanzas del Ministerio de Hacienda y que junto con la propuesta de trasladar los feriados del 2020 y 2021 pretenden ayudar al sector más golpeado por el Covid -19.

Por otra parte, el foro de Asuntos Económicos también autorizó mediante dictamen afirmativo del expediente 21781 para que la declaración jurada de los registros de accionistas se realice cada 5 años y no cada año como lo establece actualmente la ley.

El congresista Pablo Heriberto Abarca detalló que se trata de una reforma al artículo 5 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.  Agregó que es obligado presentar declaración jurada al momento que se modifique el monto del capital social de la persona o estructura jurídica, la representación legal o cuando se cambie la composición de la sociedad.

Con respecto al expediente 21813 lo que hace es reformar la ley de la Imprenta Nacional para que imponga las tarifas adecuadas a los precios de costo de los materiales de impresión y edición de las publicaciones que efectúe.

Con la excepción de las publicaciones que realice la Asamblea Legislativa en el proceso de formación de la ley.

Las 3 iniciativas pasan al Plenario Legislativo para su discusión final.