La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (ASOPAPAGAYO) manifiesta su profunda preocupación y alerta sobre los posibles efectos ante la resolución emitida por el magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz C., que impone una moratoria total sobre permisos de corta de árboles y suspende el otorgamiento de autorizaciones de construcción y modificaciones de densidad dentro del Polo. -PTGP-
Es una decisión que, según el criterio de nuestros abogados, resulta ilegal, abusiva y se atribuye potestades que solo corresponden al pleno de la Sala. En sus efectos, genera inseguridad jurídica, afectación de la credibilidad en las instituciones y paralización del proyecto turístico más importante y que más empleo y atracción de inversión genera para Guanacaste
“Aquí no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”, afirmó Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (ASOPAPAGAYO).
El Polo Turístico Golfo de Papagayo es producto de una política pública de más de 50 años, sustentada en leyes, planificación técnica y decisiones del Estado costarricense. Es, además, el proyecto más regulado y supervisado del país. Su Plan Maestro, vigente desde 1995, establece reglas claras y obligatorias para concesionarios y autoridades, lo que garantiza el cumplimiento del deber constitucional de protección ambiental.
La evolución del PTGP responde a decisiones legítimas del Estado mantenidas por más de medio siglo. Por eso, cualquier cambio abrupto en sus reglas afecta directamente la seguridad jurídica, debilita la confianza de inversionistas y pone en riesgo la estabilidad de un modelo que ha sido exitoso y ha generado resultados reales para todo el país.
“Estamos hablando de un modelo que el propio Estado construyó y ha respaldado durante más de 50 años, que ha sido avalado y ratificado por la misma Sala, por lo que esta abrupta y sorpresiva decisión genera gran incertidumbre”, agregó Castro.
La medida cautelar decretada, es a todas luces desproporcional e inconexa con el objeto de la acción de inconstitucionalidad planteada. Además, impacta en el necesario equilibrio entre desarrollo, protección ambiental, bienestar social y la seguridad jurídica.
El impacto es inmediato. El PTGP ha canalizado más de $2.200 millones en inversión ejecutada y mantiene cerca de $2.900 millones en desarrollo, para un total que supera los $5.100 millones. Estas cifras reflejan la confianza sostenida de inversionistas nacionales e internacionales en la estabilidad jurídica y ambiental de Costa Rica. Hoy, esa confianza se ve comprometida.
“Si el proyecto de Costa Rica mejor regulado, con normativa estricta y directrices muy robustas puede ser paralizado de esta forma, el mensaje para la inversión es muy preocupante”, señaló Castro.
Empleo guanacasteco en peligro
El impacto también se refleja con claridad en el empleo. Entre 4.000 y 5.000 empleos directos, según la temporada, dependen del Polo Turístico Golfo de Papagayo, junto con alrededor de 13.500 empleos indirectos en encadenamientos productivos vinculados a servicios, comercio, agricultura, pesca y transporte. A esto se suma la actividad constructiva, que en momentos de mayor desarrollo ha llegado a concentrar más de 5.000 trabajadores en un solo día, lo que refleja la magnitud del dinamismo económico que hoy se ve amenazado.
El 90% de la fuerza laboral del Polo es guanacasteca. Es el principal generador de empleo formal en la provincia e incide directamente en los cantones de Liberia y Carrillo. Además, es muy relevante en comunidades enteras como Guardia, Playa Panamá, Altos del Roble y El Triunfo, y genera encadenamientos productivos en agricultura, pesca, transporte, servicios y emprendimientos locales.
La paralización no está afectando solo un proyecto, está impactando un ecosistema socioeconómico completo y a comunidades enteras, a las que se les cercenan oportunidades sin ninguna alternativa real. Está en juego la credibilidad del país. “Costa Rica ha construido una reputación de estabilidad. Decisiones como esta ponen esa reputación en riesgo”, afirmó Castro.
ASOPAPAGAYO hace un llamado urgente a los señores magistrados para que rectifiquen esta decisión, porque lo que está en juego no es menor. “Hoy no solo se paraliza un proyecto. Se pone en duda la estabilidad jurídica de Costa Rica”, concluyó Castro.
