Legislación busca proteger la vida e integridad de los vacacionistas en las playas del país.​

A partir de hoy, Costa Rica cuenta con legislación que dicta cómo implementar unidades de guardavidas en playas nacionales y establece la creación de la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos, con el objetivo de dar seguridad y proteger la vida e integridad de quienes vacacionan en las costas.

El presidente de la República en ejercicio, Marvin Rodríguez, y los ministros de Turismo, María Amalia Revelo, y de Salud, Daniel Salas firmaron este jueves la Ley 9780 “Implementación de unidades de guardavidas en las playas nacionales”.

La actividad se desarrolló en el helipuerto de Casa Presidencial con la presencia, además, de la Embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Sharon Day, el director nacional de Gestión de Riesgo de la Cruz Roja a.i, Jim Batres, diputados impulsores de la legislación y de cuerpos de Guardavidas y de Guardacostas.

Se trata de un proyecto de Ley discutido en el periodo anterior (2014-2018) e impulsado por el Ejecutivo y la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa actual.

“La garantía de contar con zonas seguras nos permite fortalecer la imagen del país y fomentar la industria turística costarricense mediante la prevención, atención y mitigación de riesgos”, comentó Rodríguez, reafirmando el compromiso del Gobierno con el resguardo de la seguridad, integridad, salud y vida de todas las personas que visitan las playas del país.

La Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos, como un órgano técnico, adscrito al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), estará integrada interinstitucionalmente por ministerios de Turismo, de Seguridad y de Salud, así como de la Cruz Roja Costarricense, la Cámara Nacional de Turismo, organizaciones de sociedad civil y municipalidades costeras.

Será la encargada de dictar los lineamientos generales para la prevención y atención de accidentes por inmersión, así como elaborar un listado preventivo de playas nacionales, según su nivel de peligrosidad. Además, definirá las características de señalización y demarcación que se tienen que utilizar.

Entre otros, instruirá las condiciones, equipo y características mínimas que deben tener las unidades de guardavidas e indicará, con base en criterios técnicos, cuáles playas requieren la implementación de estas unidades y los períodos para su implementación.

“Uno de los principales pilares de la seguridad turística es la prevención de la incidencia de muertes por inmersión. Mediante la firma de esta ley y gracias al trabajo articulado en esta línea, el ICT honra su compromiso de garantizar la seguridad de miles de turistas, nacionales y extranjeros que disfrutan de las playas costarricenses”, señaló la ministra María Amalia Revelo.

La jerarca agregó que gracias a los lineamientos de la Comisión y a las gestiones específicas para las necesidades y características de cada playa, las acciones se desarrollarán de un modo específico y serán altamente eficientes. “Con la implementación de la Ley, el Gobierno en conjunto con las instituciones, busca prevenir fallecimientos por inmersión; acción que salvará vidas y ayudará a fortalecer, aún más, la imagen del país y de la industria turística costarricense”.

En relación con la creación del Cuerpo Nacional de Guardavidas, el director nacional de Gestión de Riesgo a.i de la Cruz Roja Costarricense, Jim Batres, comentó que la institución ha visto en la figura del Guardavidas un elemento clave en la prevención de accidentes acuáticos.

“Son fundamentales para el caso de los rescates acuáticos en el momento en que suceden, en los últimos años hemos venido trabajando en una formación más integral de los guardavidas, dándoles herramientas que van más allá de los equipos que se requieren para su trabajo diario”, resaltó.

Añadió que cerca de 21.140 acciones preventivas se han realizado en los últimos cuatro meses en cinco playas del país, en el marco del convenio que tiene la institución con el ICT, “un dato más que relevante, considerando el potencial de que muchas de estas acciones pudieron llegar a convertirse en accidentes acuático, de ahí la relevancia que tiene la firma de esta ley”.

Trabajo interinstitucional

La nueva Ley declara de interés público las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en su marco y dicta que las gestiones se realicen mediante la articulación de organizaciones públicas y privadas. Por ello, para el correcto funcionamiento de las unidades de guardavidas, las instituciones u organizaciones interesadas, suscribirán convenios de cooperación, los cuales se presentarán ante la Comisión para su control y registro.

Previo a la entrada en vigor de esta ley, el ICT firmó en abril de 2019 un convenio con la Cruz Roja Costarricense --la cual es su aliada desde el 2015--. El objetivo de esta alianza es mejorar la capacidad de respuesta y atención de incidentes en el mar que involucran a bañistas.

El convenio contempló ¢150 millones que permitieron la contratación de 20 guardavidas certificados por seis meses (a partir de agosto de 2019) para Manuel Antonio, Ballena y Cocles-Manzanillo, playas de alta visitación e incidencia de asfixias por sumersión. También se destinó un presupuesto de ¢870 millones para ampliar este programa de guardavidas en los próximos tres años y la rotulación de 100 playas de alto riesgo.

De manera complementaria, el ICT se alió con la UCR para el lanzamiento de la versión 3.0 del app MIOCIMAR, una herramienta con pronósticos actualizados cada seis horas sobre las corrientes de resaca, las condiciones del oleaje y del mar.