La Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que propicia la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos o nuevas etapas y ampliaciones de obras ya existentes fuera del distrito de Panamá, ha incentivado la creación de proyectos por un valor total de B/.899,285,410.00 en lo que va de este año.

La reglamentación de esta ley fue firmada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, el 27 de julio de 2020 a través del Decreto Ejecutivo 364. Ese mismo año, el estatuto atrajo proyectos por B/.371,843,971.00 en nuevas inversiones turísticas en zonas de alto potencial.

En total son 12 grandes proyectos de hospedaje público turístico que fueron presentados este año por inversionistas locales y extranjeros a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) e ingresados en la base de datos del Registro Nacional de Turismo, en cumplimiento de la mencionada ley, que modifica el artículo 9 de la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012.

Los proyectos hoteleros registrados por inversionistas en la ATP se concentran en las siguientes regiones: Punta Chame, archipiélago de Las Perlas, Santa Clara (corregimiento de Río Hato, provincia de Coclé), península de Soropta e Isla Bastimentos (en la provincia de Bocas del Toro) y en la Reserva Fuerte Kobbe (corregimiento de Veracruz, provincia de Panamá Oeste).

Se estima que estas inversiones generarán 3,789 plazas de empleos —1,353 directos y 2,436 indirectos—, las cuales se podrían incrementar con el registro de nuevos proyectos que se encuentran en proceso de inscripción y cuando estos entren en funcionamiento, para beneficio de la mano de obra y economía de familias residentes en estas provincias.

Estas inversiones, de acuerdo con el administrador de la ATP, Iván Eskildsen, ampliarán la infraestructura de hospedaje y planta turística existente en las regiones donde se encuentra un gran porcentaje de los atractivos turísticos del país, en muchas de las cuales la institución ha puesto en ejecución el Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS) 2020-2025, a fin de atraer al turista o viajero consciente amante de la naturaleza y la cultura.

Actualmente hay otros proyectos turísticos en proceso de trámite para la ley de incentivos a la inversión y se estima que, en los próximos meses, estos montos estarán impactando positivamente el camino a la reactivación económica del país.

La ley de incentivos otorga un crédito fiscal al inversionista que sea el primer adquirente de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. El inversionista, ya sea nacional o extranjero, podrá usar este crédito a partir del segundo año de la inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50% de su ISR, siempre que no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal y hasta que se consuma el 100%, durante un período de 10 años. Adicionalmente, el crédito podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada del crédito.

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre del 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero. La ley también señala que los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, así como en la Bolsa de Valores de la República de Panamá, y emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

Esta Ley es un catalizador de inversiones a través de mecanismos que facilitarán la capitalización de proyectos, convirtiéndose así en una herramienta importante para combatir la pobreza y la desigualdad en el país mediante la creación de empleos.

Adicionalmente, la ley contribuye a la ejecución del PMTS que, basado en el modelo de Turismo-Conservación-Investigación (TCI), propone enfocar esfuerzos en la captación de inversiones para la conservación y hacia proyectos que pongan en valor el posicionamiento de la marca Panamá y la preservación del medioambiente, la cultura y las comunidades de impacto.