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De acuerdo a la Ley, este crédito se dará al inversionista que sea el primer adquirente de los bonos, acciones y demás instrumentos financieros emitidos por la empresa turística. 
El inversionista, ya sea nacional o extranjero, podrá usar este crédito cada año a partir del segundo año de la inversión hasta por un monto máximo equivalente al 50 % de su ISR siempre que no exceda el 15 % del monto inicial del crédito fiscal y hasta que se consuma el 100%, durante un período de 10 años. Adicionalmente, el crédito podrá ser cedido por la totalidad o la porción no utilizada del crédito.

Este incentivo se otorgará hasta el 31 de diciembre del 2025 a los inversionistas que no estén vinculados directa o indirectamente con la empresa turística que emita el instrumento financiero.

La Ley también señala que los bonos, acciones y demás instrumentos financieros deberán estar registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores, así como en la bolsa de valores en la República de Panamá y emitidos por empresas que estén inscritas en el Registro Nacional de Turismo.

Con la Ley 122 también se cumple con preceptos del Gobierno del presidente Cortizo al permitirse la inversión a través de mecanismos que facilitarán la capitalización de proyectos, que a su vez fomentarán la mano de obra, garantizando que las personas no emigren a la ciudad capital y permanezcan en sus comunidades.

De acuerdo a estimaciones de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), este incentivo para la industria, actualmente afectada por la pandemia, podría tener un impacto positivo para el desarrollo del sector pasada la crisis sanitaria, permitiendo atraer inversiones en B/1,000 millones, con la construcción de unas cinco mil habitaciones turísticas en el interior del país, así como otros productos turísticos.

Al respecto, el Administrador General de la ATP, Iván Eskildsen, señaló que “con este nuevo instrumento legal se logra fortalecer la estrategia de atracción de inversiones, especialmente para ofrecer experiencias de nuestro patrimonio natural y cultural que proponemos resaltar según nuestro Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS). Además, será una herramienta importante para combatir la pobreza y desigualdad en el país, mediante la creación de empleos, especialmente luego de la pandemia del COVID-19”

Eskildsen destacó que en la ciudad capital se concentra el 90% de habitaciones de servicio turístico y solo un 10% en el interior del país. El PMTS exige que la capacidad de hospedaje sea ampliada en áreas como: Bocas del Toro, Tierras Altas, Golfo de Chiriquí, Mariato, Santa Catalina, Soná, Antón, Archipiélago de Las Perlas, Darién, entre otros. En países cuyo turismo está mucho más desarrollado, como Costa Rica, las habitaciones del interior del país suman más del 50% de la capacidad hotelera total instalada.

Aseguró que las Oficinas de la Dirección de Inversiones Turística de la ATP están preparadas para realizar los trámites de registro de nuevos proyectos, ampliaciones y remodelaciones de forma rápida y responsable. Actualmente, la institución se encuentra en el proceso de evaluación de mil 100 habitaciones distribuidas en Darién, el Archipiélago de Las Perlas, Antón, Pedasí, Bocas del Toro, de inversionistas nacionales y extranjeros. Con la Ley 122, estos inversionistas tendrán la oportunidad de realizar adiciones en los planos aumentando el número de habitaciones.

La nueva normativa, además de aumentar la planta hotelera, hará crecer los productos turísticos y generará empleos; se estima que durante la construcción de cada habitación de hospedaje turístico se generan dos empleos; sin embargo, cuando esta entra en operación el número de empleados requeridos para atender cada habitación sube a cinco.

La ATP insta a los propietarios de empresas y hoteles cuyo Registro Nacional de Turismo haya vencido entre el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019 contactar con la institución, a fin de habilitar el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2025.


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