Es por ello que para el 2020, el Ministerio Público presentó la nueva versión de las Políticas de persecución de los delitos ambientales, en la que se actualizan las anteriores del 2010 y se crean nuevas políticas para temas que no habían sido legislados en ese momento, como la Ley de Gestión Integral de Residuos y la reforma a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

Las Políticas de Persecución buscan unificar la aplicación de los delitos ambientales en todo el país y en cada institución involucrada, por lo que son de aplicación obligatoria para quienes los investigan o gestionan, en beneficio del medio ambiente.